En América Latina y el Caribe, más de 43 millones de personas padecieron hambre en 2022, según la FAO. Esto significa que pasaron días sin comer hasta el punto de sufrir enfermedades o molestias físicas por falta de alimentos.
Pero el problema no tiene que ver únicamente con la población que sufre hambre en extremo. También con aquella que está en situación de inseguridad alimentaria: personas que tienen acceso a alimentos, pero se ven en la obligación de reducirlos en cantidad o en calidad y, en consecuencia, se saltan comidas y no tienen dietas saludables.
En la región, muchas personas han perdido capacidad de acceso a los alimentos en la última década. Entre el 2014 y el 2016, el 27% de la población de la región experimentó inseguridad alimentaria de moderada a severa. Ya en 2020 y 2021, esa cifra aumentó al 39% y 40%, respectivamente. Aunque en 2022, el porcentaje disminuyó a 37,5%, la región sigue estando solo por debajo de África (60,9%) y por encima del promedio mundial (30%), de acuerdo con el informe más reciente de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en el mundo.
Menos alimentos sobre la mesa o el consumo mayoritario de alimentos poco saludables se traducen también en que América Latina y el Caribe tenga a cuestas una doble carga de malnutrición: por un lado, la desnutrición y, en la otra cara de la moneda, el sobrepeso y la obesidad, que afecta hasta el 62,5% de la población regional, según la Organización Panamericana de la Salud.
Más de 133 millones de latinoamericanos no pueden pagar una dieta saludable. Es un reto disminuir esta cifra tomando en cuenta que la región tiene los costos más altos para una ingesta diaria de alimentos nutritivos: USD 4,08 diarios por persona, mientras que el promedio mundial es de USD 3,66, destaca la FAO.
“Las consecuencias de la inseguridad alimentaria son de gran alcance, impactando no solo la salud, sino también el bienestar general. El acceso inadecuado a alimentos nutritivos socava la capacidad de las personas para participar plenamente en actividades económicas y sociales, perpetuando así los ciclos de pobreza y marginación”, señala Diego Arias, gerente de práctica en el área de Agricultura y Alimentación del Banco Mundial para la región.
Cuatro dimensiones para encarar la seguridad alimentaria
Para abordar la inseguridad alimentaria de manera efectiva, explica el experto, es crucial reconocer su naturaleza multifacética y atajarla con un enfoque integral desde cuatro dimensiones principales:
- La disponibilidad física de los alimentos: que haya suficiente producción y oferta.
- El acceso económico y físico a los alimentos, que se relaciona con las políticas enfocadas en ingresos, gastos, mercados y precios para asegurar que los hogares puedan obtener alimentos.
- La utilización de los alimentos: uso adecuado de los nutrientes, diversidad dietética y distribución equitativa dentro del hogar.
- La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores para que haya un acceso continuo a los alimentos, aunque se presenten crisis como fenómenos climáticos extremos, inestabilidad política y otros factores económicos.
Los desafíos alimentarios para la región son grandes en un contexto de cambio climático, de altos costos de producción, de aumento de precios de alimentos, de infraestructura inadecuada, entre otros obstáculos.
En el rol de América Latina como productora de alimentos (la región es la principal exportadora mundial de alimentos) y en su capacidad para proveer servicios ecosistémicos (como la regulación del ciclo del agua, el secuestro de carbono, entre otros) también hay oportunidades para la región y para el mundo. Una de las maneras de aprovechar esas oportunidades para apuntar a la seguridad alimentaria es transformar los sistemas alimentarios de la región para hacerlos más resilientes y alinearlos con prácticas más sostenibles de los recursos naturales.
“La región de América Latina y el Caribe tiene el potencial para superar los desafíos y transformar su sistema alimentario. Sin embargo, esto requiere una acción decidida de cada país para reorientar sus políticas agropecuarias y aumentar la acción colaborativa entre gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil para garantizar que todos los habitantes tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, tanto en el presente como en el futuro”, enfatiza Arias.
Para promover la seguridad alimentaria es clave comprender que la aproximación a las soluciones requiere de un engranaje de áreas como la agricultura, la protección social, la salud y disponibilidad de agua y saneamiento.
“El Banco Mundial brinda apoyo a los países para ofrecer conocimientos especializados, asesoramiento estratégico y recursos financieros esenciales para transformar los sistemas alimentarios, buscando así reducir la pobreza y promover un desarrollo que sea verde, resiliente e inclusivo. Nuestro apoyo se enfoca en enfrentar la inseguridad alimentaria de manera integral, implementando intervenciones inmediatas como la expansión de programas de protección social, así como proyectos a largo plazo que fomentan el incremento de la productividad agrícola y la adopción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente”, explica Arias.
A corto y a largo plazo
A corto plazo, en Haití se lleva a cabo un proyecto de agricultura resiliente para aumentar la producción con prácticas climáticamente inteligentes y mejorar el acceso a alimentos nutritivos. La comunidad participa intensivamente en la mano de obra, hay programas de empleo temporal y fortalecimiento de capacidades. Junto con el Programa Mundial de Alimentos se compran alimentos locales para proporcionar comida a 100.000 estudiantes. Otro ejemplo a corto plazo es el de Dominica, donde se aprobó un proyecto de agricultura y resiliencia climática para movilizar rápidamente los fondos necesarios para que disminuya la inseguridad alimentaria.
A mediano y largo plazo, una buena práctica es la serie de proyectos de competitividad rural en Honduras que, en una primera fase, logró que más de 12.000 pequeños productores, 27% se los cuales son mujeres, establecieran alianzas para conseguir más de 33 millones de dólares en financiamiento y que sus ventas aumentaran en más de 25%. Una segunda fase del proyecto, actualmente en marcha, ha beneficiado a casi 7.000 pequeños agricultores, de los cuales el 32 % son mujeres; el 15 % son jóvenes y el 10 % pertenecen a comunidades indígenas, y ha generado directa e indirectamente 8.880 empleos.
En Bolivia, donde el 20% de la población padece desnutrición y un 25% sufre de obesidad, el Banco Mundial apoya un proyecto de innovación para aumentar la seguridad alimentaria, acceso a mercado y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes para casi 128.000 productores. Aproximadamente 1.300 organizaciones rurales accederán a capital fijo y asistencia técnica para aumentar su producción, poner a circular más alimentos en los mercados locales y adaptarse al cambio climático.
Estos son apenas cuatro ejemplos entre 50 proyectos relacionados a seguridad alimentaria (en las áreas de agricultura y producción de alimentos, protección social, salud y, agua y saneamiento) que el Banco Mundial está apoyando en 14 países de la región con más de 5.000 millones de dólares invertidos. Otros 11 proyectos se están preparando para ayudar a alimentar a los latinoamericanos en el futuro.
Este artículo fue publicado originalmente en El País
