SAN JOSE, 11 de diciembre de 2020 – Costa Rica y el Banco Mundial, como fiduciario del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), firmaron un acuerdo innovador que permitirá recompensar a las comunidades locales y otras partes interesadas por los esfuerzos que realicen para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+). En el marco del acuerdo de compra de reducciones de emisiones (ACRE), el FCPF compromete hasta US$60 millones para comprar reducciones verificadas de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono logradas hasta 2025 a través del Programa de Reducción de Emisiones de Costa Rica.
“Costa Rica tiene una larga tradición emparejando la protección medioambiental con la creación de empleos verdes, asentada sobre una serie de leyes, políticas y programas forestales y de biodiversidad. Nuestros esfuerzos de conservación han logrado preservar nuestros ecosistemas al tiempo que le proveen sustento a la ciudadanía”, manifestó Andrea Meza, Ministra de Ambiente y Energía. “Este acuerdo ofrece nuevos incentivos que ayudarán a ampliar la participación en estos programas, en particular en comunidades rurales donde los bosques juegan un rol económico fundamental; a lograr un acercamiento más productivo a la forestería y a fortalecer el monitoreo y la coordinación entre agencias.”
El Programa de Reducción de Emisiones de Costa Rica tiene como objetivo incrementar el impacto en el ámbito nacional de las políticas públicas que se han aplicado con éxito durante los últimos 30 años para proteger los paisajes forestales que cubren más de la mitad de los 5,1 millones de hectáreas de superficie del país. Esto incluye fortalecer la gestión de las áreas nacionales protegidas, que cubren el 26% del territorio, y ampliar los programas nacionales de gestión forestal sostenible, manejo de incendios y restauración de paisajes.
Asimismo, se pretende ampliar el Programa de Pago por Servicios Ambientales que proporciona incentivos a los agricultores o propietarios de tierras a cambio de que gestionen sus tierras para prestar un servicio ecológico, con el fin de promover la conservación de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal mediante la reforestación, las plantaciones de árboles, la agrosilvicultura y los sistemas silvopastoriles.
Un objetivo clave del programa es aumentar la participación de las partes interesadas de los sectores público y privado, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que viven en zonas rurales pobres. El Plan de Acción de Género de la Estrategia Nacional REDD+, que proporciona una vía clara para canalizar recursos financieros y asistencia técnica para empoderar a las mujeres y brindarles apoyo, ha ayudado a dar forma a esta iniciativa. En el plan de distribución de beneficios se indica cómo se recompensará a las partes interesadas por gestionar bosques productivos de manera sostenible y reducir las emisiones de carbono.
“Costa Rica es un modelo en materia de inclusión social y gestión de los recursos naturales, y lleva sus políticas y prácticas al siguiente nivel con el fin de garantizar que todos puedan contribuir de manera significativa al crecimiento inclusivo con bajas emisiones de carbono, y beneficiarse de dicho crecimiento”, afirmó Oscar Avalle, representante del Banco Mundial para Costa Rica y El Salvador. “Costa Rica se ha comprometido a gestionar de manera sostenible sus abundantes activos naturales, y este acuerdo generará un importante apoyo ‘verde’ tras la actual pandemia mientras el país busca una recuperación económica resiliente en los próximos años”.
Costa Rica es el segundo país de América Latina y el Caribe (después de Chile) y el octavo del mundo en firmar un ACRE con el FCPF. Se espera que varios otros países terminen de elaborar programas de reducción de emisiones y firmen sus respectivos ACRE a principios de 2021.
El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial es una alianza mundial de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas que se centra en la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, la conservación de las reservas de carbono forestal, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal en los países en desarrollo, actividades que comúnmente se denominan REDD+. Se puso en marcha en 2008 y ha trabajado con 47 países en desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe, junto con 17 donantes que han realizado contribuciones y compromisos por un total de USD 1300 millones.
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