Una calle en Dominica luego del paso de un huracán. Foto: GFDRR/Banco Mundial
En América Latina y el Caribe los fenómenos climáticos extremos se han duplicado en los últimos 30 años. Además de ser más frecuentes, también tienen cada vez más intensidad. Nueve países de la región figuran en el top 20 mundial de países con mayor riesgo de desastres. Entre 2000 y 2019, por ejemplo, hubo más de 20 huracanes devastadores que afectaron familias, comunidades, empresas, infraestructura, entre otros.
Conforme se acelera el cambio climático en la región, las catástrofes amenazan, sobre todo, a los hogares más pobres y vulnerables empujándolos aún más a la pobreza y empeorando sus ya precarias condiciones de vida, lo que echa para atrás años de avances en materia de desarrollo logrados con mucho esfuerzo.
¿Cómo proteger a los más pobres y vulnerables en el contexto de estas y otras crisis? El Banco Mundial ha destacado la importancia de la Protección Social Adaptativa, un marco dedicado a examinar e identificar las maneras en que se pueden preparar y mejorar los sistemas de protección social antes de grandes emergencias. Este enfoque pretende reforzar la resiliencia en los hogares más pobres.
Un nuevo informe Liberar el potencial de adaptación para la protección social: Buenas prácticas de protección social adaptativa en la región de América Latina y el Caribe muestra los resultados de las Evaluaciones de las Pruebas de Estrés de Protección Social del Banco Mundial, llevadas a cabo por el equipo de Protección Social y Gestión del Riesgo de Desastres en 14 países de la región entre 2021 y 2023. La herramienta de protección social Stress Test es una evaluación nacional que mide el nivel de adaptación de los sistemas de protección social para ampliarlos y responder a las crecientes necesidades causadas por el surgimiento de las distintas crisis.
El estudio ofrece un conjunto de buenas prácticas en distintos países de América Latina y el Caribe. Estas prácticas pueden servir de guía para fomentar el diálogo y mejorar la adaptabilidad y capacidad de respuesta de los sistemas de protección social de la región en tiempos de crisis.
