Resultados
Algunos de los resultados obtenidos con el apoyo del Banco Mundial (BIRF, AIF y fondos fiduciarios) son:
Establecer con claridad el acceso a la tenencia y los beneficios de la biodiversidad crea incentivos y genera activos para los pobres. Los regímenes de gestión deficiente y de recursos de libre acceso han provocado con frecuencia la degradación de los recursos de propiedad común, y una mayor atención a la gestión basada en los derechos puede proporcionar una vía para manejar el equilibrio entre desarrollo y conservación y ayudar a generar activos para los pobres como una forma de salir de la pobreza. En Albania, basándose en el éxito de las actividades realizadas de forma experimental en el marco de una inversión anterior de la AIF relativa a la ordenación del sector forestal, el Proyecto de Aprovechamiento de los Recursos Naturales (i) (ejercicios de 2006-2012) confirmó los derechos de usufructo e introdujo la gestión participativa de los bosques y pastizales en 251 comunas, cubriendo una superficie de 307 665 hectáreas. El proyecto dio origen a 105 asociaciones de usuarios de bosques y pastizales para apoyar la gestión sostenible de los recursos comunitarios. Esto condujo a un aumento del 8 % en los ingresos de las comunidades respaldadas por el proyecto durante la duración del mismo. El proyecto también permitió la reforestación de 1634 hectáreas, almacenando aproximadamente 64 000 toneladas de CO2. En México, el Segundo Proyecto de Desarrollo Forestal Comunitario (i) (ejercicios de 2005-09), puso 1,78 millones de hectáreas bajo planes de zonificación comunitarios. Debido al éxito de estos planes, el Gobierno preparó 451 planes de zonificación adicionales que cubrían 2,64 millones de hectáreas. En Namibia, se ha demostrado que los espacios de conservación comunitarios tienen un impacto positivo en el bienestar de los hogares, aumentando los ingresos generados a través de las zonas de conservación, lo que estimula a su vez la creación de numerosos nuevos espacios de conservación (Gestión integrada de ecosistemas basada en la comunidad, ejercicios de 2005-2011). La gestión basada en los derechos y la comunidad no se limita a la tierra, dado que se ha demostrado que los regímenes de libre acceso y la explotación excesiva de los recursos marinos causan pérdidas de bienestar por montos valorados en miles de millones de dólares en las comunidades y en la actividad pesquera en las costas de todo el mundo. En Ngaparou (Senegal), las áreas de gestión compartida han evitado el colapso de la pesca en un periodo de cuatro años, y el aumento de los ingresos del sector han dado lugar a inversiones en valor agregado a lo largo de la cadena de valor (Programa Regional de Pesca de África occidental, ejercicio de 2011 hasta el presente).
La conservación y gestión de la biodiversidad pueden producir ingresos y oportunidades de crecimiento, pero se necesita un esfuerzo adicional para comprender y aprovechar plenamente el potencial de la biodiversidad. En el Parque Nacional Kafue de Zambia, el apoyo del Banco Mundial a las autoridades del parque llevó a que los inversores privados triplicaran los alojamientos disponibles, de modo que las visitas turísticas aumentaron considerablemente y los ingresos del parque se incrementaron 10 veces en seis años (Proyecto de Apoyo a la Diversificación y Expansión Económica, ejercicio de 2005-2012). Del mismo modo, en el Parque Nacional de Elefantes de Greater Addo en Sudáfrica, una inversión de US$5,5 millones impulsó una inversión del sector privado de US$14,5 millones y la creación de 614 puestos de trabajo (Proyecto de Conservación del Parque Nacional Greater Addo, ejercicios de 2004-2011). El Proyecto de Aprovechamiento de los Recursos Naturales de Albania llevó a un aumento del 8 % de los ingresos en las comunidades que rehabilitaron y gestionaron de forma sostenible sus recursos forestales y de pastoreo (ejercicios de 2006-2011). En el estado indio de Andhra Pradesh, una reducción del 23 % en la emigración estacional estuvo asociada al aumento de US$44 a US$104 en los ingresos medios anuales basados en los bosques (ejercicios de 2003-2010), como resultado del Proyecto de Gestión Forestal Comunitaria de Andhra Pradesh. El Segundo Proyecto de Desarrollo Forestal Comunitario en México (ejercicios de 2005-09) mostró una tendencia similar, ya que aproximadamente 6200 personas dejaron de migrar de los estados del proyecto debido a que el empleo en el sector forestal aumentó un 27 % y el valor neto de los bienes y servicios forestales se incrementó en 36 %. Estimaciones conservadoras del impacto del Proyecto de Conservación y Ordenación de los Bosques del Arco Oriental en Tanzanía (ejercicios de 2005-2010) indican que sus 273 subproyectos de gestión forestal participativa, que benefician a 520 000 personas, generaron un promedio de US$100 por persona al año.
El Banco Mundial es ahora la mayor fuente de asistencia para el desarrollo destinada a combatir los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. En 2006, el Banco Mundial financiaba más de US$310 millones en inversiones solo para la gestión y cumplimiento de la ley forestal (FLEG, por sus siglas en inglés). Un examen reciente determinó que el nivel de financiamiento se había mantenido bastante estable, con compromisos en curso de aproximadamente US$300 millones para apoyar 39 proyectos que cubren la aplicación de la ley forestal, de pesca, y de vida silvestre. En concreto, el Banco Mundial ha financiado tareas de aplicación de la ley ambiental tan diversas como el establecimiento de un organismo de policía forestal en la República Democrática Popular Lao; una serie de proyectos en toda Asia meridional sobre observancia de la ley de vida silvestre; proyectos de aplicación de la ley de pesca en África occidental; operaciones de guardia en parques y áreas protegidas, incluyendo la capacitación y provisión de equipos, así como el seguimiento de registros y los sistemas de cadena de custodia en Liberia, y un sistema de detección y seguimiento de los delitos forestales y control independiente de los delitos forestales en Camboya y otros países. El programa del Banco Mundial de apoyo a la integridad del sector financiero está ayudando a usar las herramientas contra el lavado de dinero para abordar el cumplimiento de las leyes de medio ambiente y recursos naturales (ENRLE, por sus siglas en inglés). El Banco Mundial inició el concepto de FLEG al patrocinar la primera Reunión Ministerial de Asia oriental sobre el tema en 2001, seguida por encuentros similares en África, Europa, y norte de Asia. Con financiamiento de la Unión Europea a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, el Banco Mundial estableció un programa FLEG que respalda a los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, República de Moldova, Rusia y Ucrania en el desarrollo de prácticas de gestión forestal sólidas y sostenibles, incluida la prevención de actividades forestales ilegales. La tarea de FLEG también puede aumentar la proporción de exportaciones legales al incrementar los ingresos fiscales, como ocurrió en Liberia después de la introducción de un sistema de cadena de custodia (Proyecto de Gestión para el Desarrollo del Sector Forestal, ejercicios de 2007-2012).
La labor en todos los tipos de paisajes promueve economías sólidas y comunidades saludables. En el estado de Acre, en el extremo noroeste de Brasil, el gobierno estatal ha estado realizando un esfuerzo concertado para llevar servicios a la dispersa población rural y alejarse de un modelo de crecimiento basado en la extracción de productos forestales y la agricultura expansiva. El proyecto ha permitido que las comunidades rurales sean incluidas en la economía a través de un acceso mejorado a los servicios de extensión agrícola y cadenas comerciales más fuertes para productos seleccionados, logrando al mismo tiempo que se administre la riqueza natural de forma más segura mediante prácticas de gestión forestal sostenibles mejoradas. Mientras que anteriormente el 90 % de la extracción de madera de Acre era ilegal, ahora la mayoría proviene de planes de gestión forestal aprobados. Una mejor planificación del uso de la tierra ha permitido proteger los bosques y hábitats naturales. El PIB real ha aumentado más del 44 % y las tasas de deforestación se han reducido un 70 %. Acre está demostrando que salvaguardar sus riquezas naturales también ayudará a sacar a sus pueblos de la pobreza (Proyecto de Inclusión Social y Económica y Desarrollo Sostenible en Acre, PROACRE, ejercicio de 2009 hasta el presente).