Fuente: Cálculos del equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2022 del Banco Mundial, basados en datos de informes de encuestas elaborados por los bancos centrales de 38 países (publicados o consultados a partir del 15 de diciembre de 2021): Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, España, Estados Unidos, Estonia, la Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, Rumania, Serbia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uganda y Zambia. Nota: El gráfico muestra el porcentaje neto de países en los que los bancos informaron un cambio en las condiciones crediticias generales en las encuestas trimestrales a oficiales de préstamos de bancos centrales o en las encuestas sobre condiciones crediticias. El porcentaje neto es la diferencia entre la proporción de países que informan una flexibilización general de las condiciones crediticias y la proporción de países que informan un endurecimiento general de dichas condiciones respecto del trimestre anterior. Un valor porcentual neto negativo indica un endurecimiento general de las condiciones crediticias en la muestra de países abarcados. En el caso de Chile, Estados Unidos, la Federación de Rusia, Japón, México, Polonia y Zambia, las condiciones crediticias generales se estiman a partir de un índice de condiciones crediticias registradas en los segmentos de empresas y consumidores. |
En un contexto de normas crediticias más estrictas, solo los prestatarios de menor riesgo pueden acceder al crédito. Esto puede crear un círculo vicioso por el cual una reducción generalizada del crédito, incluso a las microempresas y pymes, que constituyen la mayoría de las empresas en la mayor parte de las economías, obliga a muchas de ellas a cerrar sus puertas antes de poder recuperarse e impulsar el crecimiento. Como consecuencia, puede producirse un efecto dominó, ya que la aceleración de las quiebras comerciales aumenta los niveles de deuda deteriorada y hace que los prestamistas ajusten aún más las normas aplicables a los préstamos.
Por el contrario, si los prestamistas logran gestionar eficazmente el riesgo de los préstamos para apoyar a las empresas y los hogares, pueden generar un círculo virtuoso en el que el crédito respalde la inversión y el gasto necesarios para impulsar la recuperación. Para conseguirlo, deben adaptar los modelos de suscripción al entorno de pandemia y adoptar innovaciones que se basen en nuevos datos y herramientas digitales.
Los prestamistas pueden comenzar por reevaluar y actualizar sus modelos de puntuación sectorial y de prestatarios a partir de información actualizada sobre la actividad económica por sector o área geográfica para registrar las rupturas estructurales causadas por la pandemia. La readaptación de los modelos de crédito es un primer paso clave que puede ser respaldado y alentado por las autoridades supervisoras. La escala y la duración de la crisis probablemente requerirán que los prestamistas sigan actualizando los datos de estudio comparativo.
Las soluciones de datos y productos que aumentan la visibilidad de la capacidad de pago de los prestatarios y mejoran las formas de recurso en caso de incumplimiento pueden ayudar a los prestamistas a medir y gestionar los riesgos para que el crédito pueda respaldar el círculo virtuoso de la recuperación económica. Tales innovaciones crediticias suelen verse impulsadas por la tecnología y son posibles gracias al aceleramiento de la digitalización en todos los sectores de la economía que trajo consigo la pandemia, además de los esfuerzos de transformación digital de las instituciones financieras, que a menudo son anteriores a la COVID-19, pero que se han intensificado durante la pandemia.
Diseño alternativo de datos y productos para mejorar la visibilidad y las formas de recurso
Debido a las disrupciones económicas de la pandemia, los historiales de endeudamiento y reembolso que figuran en los informes de crédito tradicionales se han vuelto menos útiles. Mientras tanto, los datos alternativos, como los registros transaccionales de compras, ingresos, ventas, pedidos, inventarios, pagos de facturas, impuestos, registros judiciales y perfiles de redes sociales, están demostrando ser indicadores útiles de la capacidad o la voluntad de pago de los prestatarios. Gracias al aceleramiento de la digitalización, los datos de este tipo son cada vez más fáciles de obtener de los proveedores financieros, los operadores de redes móviles y otras empresas de servicios públicos, las empresas tradicionales, las plataformas en línea y los Gobiernos. Estos datos, junto con los modelos de crédito actualizados que los incorporan, han demostrado ser eficaces para indicar la solvenciai.
Un prestamista que demuestra el valor de los datos alternativos es Konfío, prestamista digital de microempresas y pymes que se vale de facturas electrónicas y otros datos alternativos para complementar la información crediticia tradicional. Konfío adaptó su algoritmo de crédito en los primeros meses de la pandemia para integrar datos pormenorizados sobre los impactos de la COVID-19 en las pequeñas empresas de México y duplicó sus desembolsos mensuales de préstamos.
El diseño del producto puede mejorar la visibilidad, así como las formas de recurso en caso de incumplimiento. Por ejemplo, cuando se trata de productos de préstamo a corto plazo, se limita el riesgo reduciendo los montos y los plazos de reembolso al período sobre el cual el prestamista posee un nivel razonable de conocimientos. Otra opción de diseño es adaptar formas no tradicionales de garantía, como bienes muebles o gravámenes sobre flujos de efectivo futuros, para atender a los prestatarios que carecen de garantías tradicionales o que utilizan como garantía bienes cuyo valor se ha vuelto incierto durante la pandemia.
Las finanzas contextuales son otro enfoque que permite aumentar la visibilidad y las formas de recurso. El financiamiento de capital de trabajo que tiene lugar dentro de una cadena de suministro o está integrado al flujo de trabajo de una transacción comercial vincula al crédito con una relación comercial existente, con una actividad económica subyacente y con los datos asociados de dicha actividad. Las finanzas integradas se están llevando a cabo en plataformas de comercio electrónico, logística y gestión de inventarios. Un ejemplo es el financiamiento para pequeñas y medianas empresas que venden en plataformas de comercio electrónico; para determinar la viabilidad de los préstamos, se utilizan datos de las plataformas sobre los patrones de ventas de los comerciantes, los inventarios y el historial de satisfacción del cliente. Otro caso similar es el de las plataformas de logística electrónica que suministran capital de trabajo antes de los viajes a los conductores de camiones en función de los registros de entrega y sus ingresos previstos. Las finanzas integradas permiten reducir el costo de los préstamos mediante la implementación de procesos eficientes y mejores formas de recurso, por ejemplo, destinando automáticamente, a través de la plataforma, una parte de los ingresos de los prestatarios al reembolso de los préstamos.
Garantías de crédito para la gestión del riesgo crediticio
Otorgar seguros contra pérdidas puede ayudar a restablecer el crédito cuando no se puede lograr suficiente visibilidad ni ofrecer suficientes formas de recurso a través de las innovaciones descritas. Las garantías de crédito brindan a los prestamistas una forma de recurso frente al garante en caso de incumplimiento del prestatario. Estos instrumentos pueden ser ofrecidos por Gobiernos, bancos de desarrollo o donantes para promover el otorgamiento de préstamos a segmentos prioritarios (como las pequeñas empresas), donde las deficiencias del mercado afectan el financiamiento. Las garantías han sido un componente de la respuesta a la pandemia en los países de ingreso alto y en varias economías emergentes, y los esquemas de garantías parciales pueden seguir desempeñando un papel importante en la recuperación. Por ejemplo, en Burkina Faso, el Banco Mundial ayudó al Gobierno a establecer un plan de garantía de crédito centrado en préstamos reestructurados y de capital de trabajo para pymes que luchan contra la crisis generada por la COVID-19, pero que muestran un potencial de rentabilidad a largo plazo. Tales programas deben diseñarse cuidadosamente para que sean sostenibles. A medida que las condiciones económicas mejoran, los garantes y sus prestamistas asociados pueden limitar progresivamente la elegibilidad a los sectores o segmentos de clientes que siguen mostrando las mayores necesidades, y pueden adaptarse los programas de garantía para reducir el riesgo asociado con las inversiones a largo plazo a fin de apoyar cuestiones prioritarias, como la creación de empleo y los flujos financieros destinados a actividades con bajos niveles de carbono.
Políticas destinadas a fomentar la innovación segura
Si bien la innovación financiera tiene el potencial de respaldar el acceso responsable a los servicios financieros, la innovación financiera no supervisada puede conllevar riesgos tanto para los consumidores como para la estabilidad y la integridad financieras. Los Gobiernos y los entes reguladores deben modernizar los marcos de políticas para equilibrar los imperativos (en ocasiones contradictorios) de alentar la innovación responsable, por un lado, y proteger a los clientes y la estabilidad e integridad del sector financiero, por el otro. Los enfoques regulatorios y de supervisión actualizados deben tener como objetivo reconocer y permitir que ingresen al mercado nuevos proveedores, nuevos productos e innovaciones en el uso de datos y análisis; mejorar las políticas y normas de alfabetización financiera y protección de los consumidores teniendo en cuenta lo que los proveedores de financiamiento pueden y no pueden ofrecer, y facilitar la colaboración entre los entes reguladores y las autoridades gubernamentales que supervisan distintos aspectos de las finanzas digitales e integradas, así como la competencia y la conducta del mercado, para evitar brechas regulatorias entre organismos con funciones superpuestas. Las políticas deben respaldar la modernización de la infraestructura financiera para facilitar la resiliencia operativa y el acceso, lo que incluye la infraestructura material (relacionada con las redes de telecomunicaciones, las redes de pago, los centros de datos, las centrales de riesgo y los registros de garantías) y la infraestructura inmaterial (vinculada a las políticas y los procedimientos que determinan los estándares, el acceso y las reglas de comportamiento). Estas políticas con las que el Gobierno responde para respaldar la transformación digital pueden ayudar a fomentar un sector financiero más sólido, innovador e inclusivo.
